Loles López se suma a la petición de que el ministerio se encargue del programa también en 2025 para poder renegociar con Bruselas
Andalucía ha reclamado al Gobierno de España que negocie ante la Unión Europea las condiciones de acceso a la tarjeta monedero con el objetivo de “no dejar sin alimentos básicos a 280.000 personas en situación de extrema vulnerabilidad”. Así lo ha explicado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, tras el Consejo Territorial extraordinario y monográfico celebrado hoy de manera telemática y que ha estado presidido por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
La consejera andaluza ha lamentado que tras la reunión de hoy “el escenario no ha cambiado” pese a la propuesta de la mayoría de las comunidades autónomas de que se renegocie las condiciones de este programa con Europa “para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos posibles beneficiarios de esta ayuda”.
En este sentido, Loles López se ha sumado a la petición presentada por la mayor parte de las comunidades de que el Gobierno de España asuma también en 2025 su modelo transitorio de tarjetas monedero. A juicio de la titular de Inclusión Social, esta prórroga permitiría “corregir los agujeros que presenta el modelo y que fueron reconocidos por el propio ministro Bustinduy en su comparecencia en el Senado el pasado 9 de mayo”, al tiempo que daría margen al Ejecutivo central a renegociar ante la UE el cambio de modelo. El objetivo es incluir entre los beneficiarios de este programa a otros colectivos, además del de familias con menores a su cargo.
“El sistema que defiende el Gobierno deja fuera de la tarjeta monedero a colectivos como el de las personas mayores con pensiones bajas, personas sin hogar, personas migrantes, mujeres víctimas de trata o familias con hijos mayores de 18 años”, ha detallado.
A este respecto, la consejera ha puesto el acento en que ocho de cada diez municipios andaluces no disponen de un supermercado donde se pueda utilizar esta tarjeta. “Hasta 665 localidades de Andalucía no cuentan con establecimientos para usar la tarjeta”, ha remarcado, antes de apuntar que en toda la comunidad autónoma “solo hay 319 tiendas” adheridas al programa.
Protocolo común
Por otro lado, Andalucía también ha reclamado un protocolo común para toda España del Ministerio de Derechos Sociales que aclare las dudas y aporte seguridad jurídica al procedimiento de entrega. “El Gobierno debe fijar criterios homogéneos para todo el país”, ha defendido la consejera, tras explicar que hay aspectos sin aclarar aún, como los ingresos que deben computar en la valoración de la renta para el acceso, la definición de las unidades familiares que pueden ser perceptoras o la falta de concreción en medidas de acompañamiento.
Además, Loles López ha incidido en la necesidad de conocer el procedimiento de derivación de las familias a Cruz Roja, entidad que asume el programa a nivel estatal este año, o definir qué sucede con las familias que residen en los ocho de cada diez municipios andaluces que no tienen un supermercado de las cadenas que se han adherido al programa.
