(Moisés S. Palmero Aranda, Educador ambiental) Sobre el papel, tenemos un sistema legal muy garantista, para conseguir que la Justicia sea ciega, igual para todos, algo que debemos aplaudir. Pero, a la hora de la verdad, la realidad es otra, porque continuamente hay que dirimir qué derechos prevalecen sobre otros, y para eso el dinero, la influencia, y el poder, son de vital importancia, y capaces de retorcer las normas para decantar la balanza, a veces del lado menos justo.
Nuestros dirigentes, como tú y yo, se agarran a esta circunstancia de que las leyes son interpretables para llevar a cabo sus políticas, y buscan de manera torticera y vergonzosa la forma de salirse con la suya. Hacen de su capa un sayo, y si alguien denuncia ante un juzgado, ya se verá qué pasa y hasta dónde llega.
Como esta sensación es generalizada, por algo será, la utilizamos cuando nos interesa para opinar y generar una sombra de duda ante las acciones de otros. Opiniones que quedan flotando en el aire, con más o menos recorrido según los amigos que tengas en los medios de comunicación, pero que no sirven para nada, porque no dejan de ser eso, meras opiniones, casi siempre interesadas y partidistas.
Si hago esta reflexión es porque esta semana, dos políticos socialistas, supuestamente respaldados por todos sus votantes, que en este caso lo dudo mucho, se han quejado porque hace unos meses se colocó una cadena que impide el paso a los vehículos en Punta Entinas Sabinar, un Espacio Natural Protegido, declarado como Paraje y Reserva Natural donde, gracias a sus diferentes ecosistemas singulares, conviven más de 220 especies de aves y podemos encontrar un catálogo florístico con más de 270 especies. Cifras que, sumadas a su patrimonio histórico y cultural, le sirvieron a José Antonio Valverde, uno de los grandes científicos que salvaron Doñana, para bautizarlo como la Pequeña Doñana.
La argumentación de estos políticos no me parece mala. Es la misma que llevamos años denunciando, e intentando paliar a través de acciones de voluntariado y Educación Ambiental, al catalogar esta zona como territorio comanche, la nueva costa de los piratas, y señalando la botella como medio vacía.
Sin embargo, a pesar del considerable abandono de la zona, esa cadena es uno de los grandes aciertos de los últimos años, y se debería haber colocado mucho antes y en otros accesos como el de Almerimar. Además de acertada, me parece una acción valiente por parte de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas, ambos del PP, porque a pesar de las críticas que sabían iban a recibir, han dado el paso que otros no fueron capaces de dar cuando tuvieron la ocasión y la oportunidad.
Esa cadena lo que hace es garantizar que las leyes de conservación del espacio protegido se cumplan, y no impide, como argumentan estos políticos, el derecho del ciudadano para acceder a las playas. Nadie prohíbe que todos esos vecinos que han usado históricamente esas playas las sigan visitando, pero hay que ir andando, en bicicleta o como les apetezca, pero los coches no pueden entrar. Desde que se puso la cadena en el camino del Faro, ya no encontramos camaleones o culebras convertidos en cromos.
Esa foto posando junto a la cadena deberían haberla hecho para respaldar la acción, porque al ponerla en duda, están perdiendo credibilidad. Hacer cumplir la ley nunca debería ser objeto de crítica, y menos por un político que son los primeros que deberían dar ejemplo, y que son muy conscientes de las grandes dificultades para gestionar espacios como este, en una sociedad donde el ombligo de cada uno y la economía priman por encima de todo lo demás.
Desde aquí, y por si sirve de algo, quiero felicitar a todos esos técnicos y agentes de Medio Ambiente que, a pesar de la falta de recursos humanos y materiales, han conseguido la autorización para hacer cumplir las leyes. Y a los concejales del Ayuntamiento de Roquetas me gustaría mandarles un mensaje de apoyo para que no cedan a las presiones de una mínima parte de la población. Somos muchos más los que nos alegramos de su decisión. Sigan adelante con las promesas que hicieron de poner unos bolardos además de la cadena y de colocar más piedras en el camino que abrieron los narcotraficantes en otro punto cuando se puso esa cadena. Si necesitan manos para mover las piedras, no les van a faltar.
Eso no significa que esté de acuerdo con las nefastas políticas ambientales de la Junta de Andalucía, que para colmo se escuchan rumores de que volverán a juntar las Consejerías de Medio Ambiente y Agricultura, ni las del Ayuntamiento de Roquetas, pero a esta decisión de poner la cadena, ¡chapó!
