La delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, ha señalado que la responsabilidad de declarar la emergencia social debido a la crisis de la vivienda debe recaer en el Gobierno central, ya que el problema afecta a varias grandes ciudades del país y no se limita a una sola provincia o comunidad autónoma. Navarro ha planteado esta cuestión durante la inauguración del foro ‘Málaga Metrópolis Global’, organizado por la Fundación Ciedes, en el que se han debatido los desafíos actuales del sector de la vivienda.
La delegada destacó que el problema de acceso a la vivienda pública no es exclusivo de Málaga, sino que afecta también a ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante. Estas cinco provincias, explicó Navarro, generan más del 40% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional, lo que subraya la importancia económica de estas áreas y la necesidad de una intervención estatal.
Navarro advirtió que la falta de una oferta adecuada de vivienda pública y asequible está generando una situación de emergencia social a nivel nacional. En este contexto, hizo un llamamiento para que el Gobierno central asuma la responsabilidad y coordine una respuesta homogénea en lugar de que cada comunidad autónoma aborde el problema de manera aislada.
La Ley de Vivienda en Andalucía
Durante su intervención, Navarro destacó que Andalucía es la primera comunidad autónoma en impulsar una ley propia sobre vivienda, actualmente en proceso de tramitación. Esta normativa tiene como objetivo aumentar la oferta de viviendas protegidas y a precios asequibles, proporcionando seguridad jurídica tanto a propietarios como a promotores.
La delegada subrayó que cualquier solución para el problema de la vivienda debe contar con la participación activa de todas las instituciones, pero también del sector privado, ya que «todo lo que se haga de espaldas al sector que construye y promueve estas viviendas está condenado al fracaso».
Además, explicó que la problemática de la vivienda es compleja y está influenciada por factores como la financiación, los trámites urbanísticos y la volatilidad del mercado, lo que genera un exceso de regulación que frena el crecimiento de la oferta y su adecuación a la demanda.
El turismo, un falso culpable
Por último, Navarro rechazó la idea de culpar al turismo de la actual crisis de la vivienda en Málaga. Argumentó que, aunque existe una escasez de oferta y los precios están en alza, no se debe responsabilizar a la principal industria de la provincia, que ha sido un pilar económico fundamental para Málaga y su desarrollo.
Este enfoque destaca la urgencia de una respuesta coordinada a nivel nacional para abordar la falta de vivienda asequible y evitar el agravamiento de la crisis social y económica en las principales ciudades españolas.
