(Moisés S. Palmero Aranda, Educador ambiental) El vodevil de Puigdemont da vergüenza, rabia, y mucho miedo, casi rozando el pánico. Los políticos han perdido la decencia y son capaces de todo por satisfacer sus intereses, particulares y de los amigotes, para aferrarse al sillón, y no perder sus privilegios, prebendas y parapetos judiciales. Nos han perdido el respeto y se ríen en nuestra cara.
Sus secuaces televisivos desvían la atención culpabilizando a los mossos, cuando todos sabemos que si este delincuente sigue libre, se le permite entrar, lanzar proclamas y volver a escaparse, es solo por una decisión política, pactada y en connivencia con nuestro Gobierno.
Puedo entender que en política se deba pactar con el diablo para reconducir situaciones complicadas y solucionar problemas por el bien común, pero llegar a este teatro del absurdo para sonrojo internacional, me parece una desfachatez, propia, como se ha dicho hasta la saciedad, de un país bananero, sin rumbo, donde interesa más estar y posar, que gobernar por y para todos.
Este esperpento es el mismo que se está dando en el Ayuntamiento de Níjar para autorizar un hotelito con muchas estrellas, y según ellos con encanto, en el Campillo de Genoveses, en el corazón del Parque Natural Cabo de Gata.
Para ello, hace un par de semanas, se representó, teatralizó, un pleno, un paripé adornado de liturgia constitucional, para admitir a trámite el proyecto, que pretende transformar un viejo cortijo, el de las Chiqueras, en un establecimiento con 30 habitaciones, piscina y un aparcamiento para 70 vehículos.
Para terminar de autorizarlo, deben pasarse por el forro las leyes europeas que lo catalogan como Lugar de Importancia Comunitaria, Zona de Especial Protección Para las Aves, y el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural, donde aparece como zona de uso agrícola y ganadero, incompatible con el cambio de uso para actividades hoteleras.
Lo más triste es que nuestro sistema legal lo permite, porque en todas las leyes aparece una coletilla, no regulada en ningún lado, de que si el proyecto se declara de utilidad pública e interés social, se puede hacer. Una ventana abierta para que se cometan estas tropelías, una barra libre a los políticos que ampara la corrupción, el pillaje y el robo sistemático del patrimonio ambiental, cultural y etnográfico.
El interés social, por ejemplo, se está utilizando, para expropiar grandes superficies de terrenos para expandir las energías renovables, beneficiando a empresas extranjeras que vienen a especular y llenar los bolsillos de empresarios amigos. Renovables sí, pero no así.
En el Pleno los políticos, muy dignos, defendieron que no pueden saltarse la ley y que tienen las manos atadas. Pero mienten, porque si se ciñen a las leyes ambientales que protegen el enclave, y al sentido común, este proyecto no tiene características para declararlo de utilidad pública, que, dicho sea de paso, busca el beneficio de la colectividad, no el de un propietario privado.
La Junta de Andalucía, de forma cobarde, cómplice y sibilina, se lava las manos, ya que en vez de hacer cumplir las leyes como ha hecho en otras solicitudes, da una autorización condicionada a la legislación municipal, pasándole el marrón a un puñado de políticos que, como las perseidas, son fugaces, simples marionetas de quita y pon, y su poder, aunque se crean intocables y respaldados por sus votantes y su partido, es efímero y limitado. Que no se les olvide que las promesas de sus líderes nacionales son papel mojado, que a la hora de pedir responsabilidades se irá contra ellos, porque son ellos los que, a sabiendas de que están cometiendo una ilegalidad, la van a firmar.
El Ayuntamiento de Níjar, con 31.000 habitantes censados, está gobernado por el PP, gracias al apoyo de una concejala de VOX, después de ocho legislaturas ganando el PSOE. Manda narices que once individuos, que no representan nada más que al 41 % de los votantes, unos 4.000 vecinos, ignoren 300.000 firmas, la mayoría de almerienses, que les piden que cumplan las leyes, no hagan una interpretación torticera del concepto de utilidad pública y protejan el Parque Natural.
Deberían trabajar para que su pueblo no lidere cada año las estadísticas del INE como el pueblo más pobre de España, o para garantizar el agua a sus agricultores, o para garantizar el derecho a una vivienda digna a los trabajadores inmigrantes que sacan su economía adelante.
Me uno a la petición de la Plataforma Genoveses sin Hotel, al Grupo Ecologista Mediterráneo, a Ecologistas En Acción, y a otros muchos colectivos, que dicen No a la especulación en el Parque Natural, no al incumplimiento de las leyes y no al hotel de Genoveses.
