(Por Eduardo Madroñal Pedraza) Según Garamendi, “el sistema empresarial no es corrupto, el que corrompe es el que tiene el poder”. La Real Academia Española define corromper como sobornar a alguien con dinero. Es decir, corruptor es quien tiene suficiente poder monopolista económico para poder tener corruptos en los distintos gobiernos e instituciones estatales.
O Garamendi -presidente de la patronal CEOE y representante de las empresas del Ibex35, ya estadounidense- está convencido de que prácticamente toda la población española, desde la gente trabajadora hasta los pequeños y medianos empresarios, somos tontos y comulgamos con ruedas de molino; o como vasallo imitador de Trump -el principal Humpty Dumpty en la actualidad- pretende que corruptor quiera decir lo que el Ibex35 quiere que diga; porque la cuestión es quién manda.
El Ibex35, un sistema corrupto monopolista
Garamendi ha afirmado que “si me sacas tres, cuatro empresas, y hay dos millones de empresas, no sé de qué estamos hablando”. No estamos hablando de dos millones de empresas, ¡dios nos libre! Estamos hablando solamente de 35 empresas y unas pocas más. Hablamos de las grandes empresas dominantes en todos los sectores económicos de España que han sido sancionadas legalmente por distintas prácticas monopolistas. Aunque son solamente la punta del iceberg, son auténtica historia de la corrupción organizada en el Ibex35. Porque Acciona se nos queda pequeña.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó con 203,6 millones a las 6 principales constructoras de nuestro país por alterar -durante más de 25 años, desde 1992 a 2017- con prácticas monopolistas, las adjudicaciones públicas para la construcción de infraestructuras de todo tipo. Acciona entre ellas.
Destacan -por su dolorosa actualidad- las sanciones a las eléctricas monopolistas. A Iberdrola por subir el precio en 2013 una multa de casi 85 millones -4 veces el beneficio obtenido- y la devolución de tales ganancias. Y una indemnización de unos 107 millones para las demás comercializadoras eléctricas que fueron perjudicadas. También Iberdrola, Naturgy y Endesa tuvieron abiertos tres procesos sancionadores por manipular precios, y por los que se pedía 50,3 millones de multa.
En el sector de la fabricación de automóviles la multa fue de 171 millones por coordinar precios, descuentos y política comercial desde 2006 y hasta 2013. La multa al cártel -palabra inglesa para nombrar a grandes empresas que se organizan para mantener prácticas monopolistas en un sector económico de producción o distribución- de la basura por repartirse clientes y licitaciones fue de 98,2 millones. También al cártel de fabricantes de camiones que entre 1997 y 2011 por coordinar los precios de venta, al sector lechero, al de hidrocarburos, al de baterías usadas, al de consultoras y al de libros de texto todos sancionados por prácticas monopolistas desde 2015.
En 2017 la CNMC multó con 44,7 millones de euros a 11 empresas que se repartían el mercado del sector de cables eléctricos de baja y media tensión. En 2018 fueron 68 millones de euros a 11 empresas de mensajería y paquetería por realizar acuerdos restrictivos para repartirse los clientes.
Los monopolistas han llegado hasta los pañales para adultos
La Audiencia Nacional llegó a confirmar una multa de 128,8 millones de euros a ocho fabricantes de pañales para adultos por fijar los precios de los absorbentes financiados por la Seguridad Social, durante más de 17 años, que los pacientes adultos no hospitalizados compraban en las farmacias de nuestro país, con el objetivo de eliminar la competencia en la venta de los pañales para adultos y de esa manera aumentar drásticamente sus beneficios.
El alcance de la conducta monopolista que se sancionó es especialmente significativo, ya que la cuota de mercado conjunta de los oligopolios sancionados era del 95%, es decir, prácticamente la totalidad. Beneficios robados al dinero público y a los bolsillos de los jubilados.
¡Multas que no se cobran!
De las 150 multas que suman unos 1.000 millones de euros, la CNMC no ha recibido ni un euro. El poder del Ibex35 con todas sus armas legales impide el cobro. En realidad, debería hacerse un cálculo de los beneficios obtenidos a lo largo de años para que los devolvieran -a los que pagamos impuestos, a la mayoría- todo lo robado más los intereses acumulados. Porque eso es lo justo. Porque es un prolongado robo de dinero público, de nuestro salarios y pensiones.
Eduardo Madroñal Pedraza
